“El Consistorio tiene que elegir a los directores generales entre funcionarios de categoría A1 que se presenten a la oferta pública. No debería usar una excepción como regla para nombrar a personas afines al PP o Cs”, indica Wenceslao Alonso, funcionario ‘azote’ del Consistorio

En 2015 se modificó la norma y según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público los nombramientos de directores generales habrán de efectuarse entre funcionarios del Subgrupo A1. Y en caso de no ser así debe estar debidamente justificado en una memoria por qué de forma “excepcional” se nombra a una persona que no cumple con este requisito


El Consistorio indica que “las nuevas direcciones generales serán provistas preferentemente mediante convocatorias dirigidas a funcionarios del grupo A: entre quienes se presenten a las ofertas públicas, se elegirá a uno de los candidatos por el procedimiento de libre designación”. “El Ayuntamiento tiene que elegir entre funcionarios de A1 valorando su currículum. Tiene que justificar por qué elige a determinada persona. Realmente no es una designación tan libre”, indica Alonso. Eso siempre no opte por nombrar ‘a dedo’ a un afín al partido de forma “excepcional”

19/06/19. 
Opinión. Una pregunta flota entre trabajadores del Ayuntamiento de Málaga: “¿Los nuevos directores generales del Ayuntamiento de Málaga se elegirán mediante oferta pública entre funcionarios de categoría A1 o el gobierno de PP y Cs los elegirá ‘a dedo’ usando una excepción como regla?”. “El Consistorio malagueño tiene que elegir a los directores generales entre funcionarios de carrera...

...concretamente de la categoría A1 que se presenten a la oferta pública. El Ayuntamiento no debería usar una excepción como regla para nombrar a personas afines al PP o Cs sin que sean funcionarios”, indica Wenceslao Alonso, funcionario’ azote’ del Consistorio por el gran número de denuncias que le ha interpuesto por las malas prácticas que la entidad lleva a cabo en esta materia de nombramientos. En 2015 cambió la norma. Según el artículo 66 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público (AQUÍ) “los nombramientos de directores generales habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional”. El problema viene cuando esa “circunstancia excepcional” se usa repetidas veces para justificar que una persona que no es funcionaria ocupe una dirección general ‘a dedo’. Es una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.

EL Consistorio indica en un comunicado que “las nuevas direcciones generales serán provistas preferentemente mediante convocatorias dirigidas a funcionarios del grupo A –municipales o de otras administraciones–:  entre quienes se presenten a las ofertas públicas que se harán próximamente cumpliendo las condiciones requeridas, se elegirá a uno de los candidatos por el procedimiento de libre designación”. A resaltar el empleo de la palabra “preferentemente”. Según explica Alonso, “el Ayuntamiento tiene que elegir a los directores generales entre funcionarios de A1 valorando su currículum aunque no sea de forma tan exhaustiva como si de un concurso de méritos se tratase. Tiene que justificar por qué elige a determinada persona y no a otra de entre las que se presenten a la oferta pública que convoque. Realmente no es una designación tan libre”, indica Alonso. Eso siempre que el Consistorio saque la oferta pública y no nombre ‘a dedo’ a un afín al partido por una “circunstancia excepcional”.


“HABRÁ que esperar a que se publique la estructura municipal. Pero si por ejemplo hay 20 direcciones generales y en 17 de ellas el cargo lo ocupa una persona que no es funcionaria, eso no puede ser porque se usa la excepción como regla”, señala Alonso. Que actualmente trabaja como administrativo en el edificio donde se encuentra la Gerencia de Urbanismo. Es funcionario en el Ayuntamiento de Málaga desde 1999, en 2011 se licenció en Derecho y le ha ganado unos diez juicios al Consistorio que dirige Francisco de la Torre (PP) por denunciar los nombramientos ‘a dedo’ entre empleados públicos sin tener en cuenta los principios de mérito, igualdad y capacidad.

JUSTO antes de la celebración de las elecciones municipales del 26 de mayo esta revista se hizo eco de los ‘tejemanejes’ del alcalde Paco de la Torre (PP) y del Ayuntamiento de Málaga para que Ruth Sarabia, ahora concejala responsable del Área de Participación Ciudadana, siguiera siendo la directora general de Derechos y Participación Ciudadana (desde 2003 hasta mayo de 2019) a pesar de no ser funcionaria de carrera. Sarabia no es funcionaria, es licenciada en Periodismo. Y ha sido durante 16 años directora general de Derechos Sociales y Participación Ciudadana en el Consistorio, según recoge su perfil de Linkedin (AQUÍ). Además también forma parte de una de las ‘parejas políticas municipales’ más fieles al alcalde De la Torre junto con su compañero el exconcejal Julio Andrade, que pasó de forma opaca de ser edil a director técnico en el Ayuntamiento de Málaga (AQUÍ) para poder nombrarlo después responsable de CIFAL, oficina de la ONU que paga el Consistorio.


EN 2015, el Ayuntamiento que dirige De la Torre hizo el amago de nombrar a Sarabia también directora general de Igualdad de Oportunidades, pero tuvo que dar marcha atrás. En junio de 2015 esta revista publicaba (AQUÍ) que “los medios (AQUÍ) dan cuenta de que el Ayuntamiento malagueño ha dado marcha atrás con el cambio de denominación de la dirección general que ostenta Ruth Sarabia. Se trata de la mujer de Julio Andrade, concejal –en aquel entonces- de Participación Ciudadana en el mismo Consistorio. Un Consistorio cuyo equipo de Gobierno (PP) apoyado por Ciudadanos se ha volcado para evitar que Sarabia deje de estar en la nómina municipal. La legislatura pasada Ruth Sarabia fue la directora general de Derechos Sociales, un cargo de confianza que en virtud de la reforma de la ley de Bases de la Administración Local ahora compete a funcionarios de carrera”.

EL Ayuntamiento, para mantener a Sarabia en el puesto de directora general de Derechos Sociales y Participación Ciudadana sin ser funcionaria del Subgrupo A1, se escudó en que el nombramiento no era nuevo. Esta revista recogía en 2015 lo siguiente al respecto: “Para evitar nombrar a funcionarios de carrera en estas direcciones generales, el Ayuntamiento de Málaga ha alegado que al no ser un puesto que se deba cesar entre cada legislatura, no se puede aplicar la ley con retroactividad” (AQUÍ).

“LUIS Medina-Montoya (AQUÍ), director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Málaga, tampoco es funcionario de carrera”, indica Alonso.

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